La seguridad ciudadana como base de la convivencia, el desarrollo y la realización.
Danilo Guevara Zegarra
En gran parte del orbe, la seguridad es la primera exigencia que los ciudadanos se hacen a sus Estados.
De este modo, los ciudadanos ejercen uno de los principales derechos que la democracia les reconoce cual es el de reclamar y obtener de sus Estados la protección de sus vidas, de su patrimonio y de sus libertades que son, en suma, las condiciones básicas que necesitan para tener una vida digna y atendible.
Al mostrar su insatisfacción y expresar sus exigencias, los ciudadanos, tal vez sin saberlo en forma expresa, recuerdan a sus gobiernos que la primera función básica que explica y fundamenta la aparición de los Estados que administran, es precisamente, la responsabilidad que asumieron de dar protección a sus asociados.
Con el devenir de los tiempos, los Estados que nacieron como asociaciones políticas para brindar protección a las personas y al colectivo social, han incrementado el repertorio de funciones que deben cumplir. Esa ampliación del número de funciones que en algunos casos llega a lo incompresible, ha sido uno de los factores que ha incidido en el olvido o la postergación de una función que le compete exclusivamente, como es la seguridad.
En efecto, los ciudadanos acosados por el miedo de que alguien más violento y despiadado les arrebate su integridad física o patrimonial, ya sea personal o familiar, no tiene otra alternativa que recurrir al Estado que es la única institución que puede enfrentarse por él ante delincuentes que generalmente portan armas y actúan sin escrúpulos.
Si un ciudadano desea educar a sus hijos o proveerse de una adecuada atención de salud, podría eventualmente acudir a entidades privadas que le van a procurar servicios cuya calidad dependerá en mucho de la economía personal.
Pero cuando se trata de obtener seguridad, ley, orden, justicia, los ciudadanos, cuales quiera que sea su situación social o económica, no tienen más alternativa que ampararse en el Estado para que los defienda o para que sancione a quienes delinquen. Incluso, los sectores más pudientes, que de hecho contratan servicios de seguridad privada, en caso de que se produzca un delito en su contra, no tienen otra alternativa que acudir a la estatalidad.
Diversos factores políticos, sociales, culturales, institucionales, urbanísticos, tecnológicos – incluyendo la globalización y la revolución de las comunicaciones- vienen impulsando una alarmante expansión de la delincuencia que tiende a hacerse más violenta y audaz.
Si a eso añadimos la baja capacidad de los Estados para asumir con su función de proveer seguridad a sus asociados comprenderemos no solo la alarma y la insatisfacción de los ciudadanos sino las graves amenazas que se ciernen sobre el Estado y la sociedad.
En una situación de inseguridad descontrolada donde el Estado pierde espacio y el miedo marca la conducta de las personas, la convivencia pacífica que es una aspiración de la civilización, el desarrollo que es una necesidad de asegurar una vida mejor, así como la realización individual que hace trascender al hombre y la propia democracia pierden sentido.
Comprender desde una perspectiva interdisciplinaria los factores que inciden en el fenómeno delincuencial que es la principal amenaza de la seguridad ciudadana así como aproximarnos a lo que constituyen las bases de una política pública de seguridad ciudadana es un desafío que la asignatura pretende cubrir en sus aspectos más saltantes.
Ello permitirá que los líderes del Programa tomen un mejor conocimiento de los fenómenos, lo cual al mismo tiempo, les permitirá ejercer una mayor ciudadanía que no es sino poner a las personas no en una situación pasiva o de súplica y obediencia ciega sino en una posición de demanda responsable y de contribución decidida en la construcción del mundo democrático, pacífico, participativo y seguro que anhelamos.