Desde que, en el 2015, se adoptaron los Objetivos para el Desarrollo Sostenible-ODS -también conocidos como la Agenda 2030[1]-, los estados y, entre ellos el peruano, vienen ejecutando lineamientos para poder lograr indicadores que apoyen esencialmente el combate contra la pobreza, pero poniendo a la persona por delante, dejando de lado la visión asistencial y poniéndolo al centro de las obligaciones que se tienen para con la persona y, lograr su desarrollo en forma integral

Esta forma de intervención del Estado implica, no sólo la aplicación del principio pro homine, sino implementar un sistema de ejecución de las políticas públicas sustentadas en la transparencia y rendición de cuentas constante, para poder conocer en forma cabal los avances que se van teniendo en los diferentes programas y, así con pautas de monitoreo poder atender las situaciones que pongan en riesgo el poder dar cumplimiento a los objetivos comprometidos.

Antes de proseguir recordemos cuales son las áreas estimadas prioritarias para la aplicación de los ODS: erradicación de la pobreza, garantizar vida sana, educación de calidad, igualdad y empoderar a las mujeres, acceso a la energía, adoptar medidas para el cambio climático y facilitar el acceso a la justicia, entre otros.

Como se puede apreciar los desafíos son grandes y, cada uno de ellos representa un grado mas difícil o crítico según cada país, pero existe el compromiso de poder lograrlos y, para ello el primer punto es determinar los mecanismos de evaluación de la gestión social de las políticas públicas. Este concepto implica que, no sólo hay que realizar gasto social, sino que este debe tener un impacto en la comunidad o población sobre la cual se interviene, este criterio de primer escalón en el cumplimiento de obligaciones estatales,  va a proporcionar información que ayude a determinar, si se esta en la ruta apropiada o es preciso reprogramar (previa evaluación) o, si es necesario mejorar la eficacia en la intervención (acciones de monitoreo), todo lo cual implica realizar tareas de observación y recurrir a las historias de los pobladores[2], es decir recurrir a un método mas cualitativo de los servicios que se brinda.

Para lograr el seguimiento y evaluación de logros, el Estado va a requerir coordinar la ejecución de sus políticas públicas, tarea que se considera esencial para, garantizar la asistencia social, proveer la cobertura de derechos y una estructura de oportunidades, situacion que debe llevar a tener ejes temáticos de actuación conjunta entre las mas diversas carteras ministeriales o unidades ejecutoras[3]. Por ejemplo: si se va a promover el empleo en un programa del Ministerio de Inclusion Social-MIDIS, necesariamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MINTRA debe estar al tanto y tener en cuenta cuales son los indicadores que utilizara en forma conjunta para medir el impacto en empleo decente o, formal.

Para que estas nueva forma de ejecución de las politicas publicas, obtenga los resultados previstos, será necesario contar no sólo con el marco normativo apropiado para la pronta implementación de las medida que permitan el desarrollo de los ciudadanos, sino que el enfoque de derechos exige implementar una visión que se funde en la ética que exige el estado de bienestar[4].

Es decir, conmo conclusiones parciales, se debe tener claro que, cuando el Estado peruano decida promover una política pública debe tener claro cuál o cuáles, son los ODS que se plantea lograr y, diseñar los mecanismos de seguimiento o, de monitoreo, pero tan importante como ello será el instaurar las medidas de coordinación intersectorial y, las normas éticas que van a regular la actuación de las entidades y funcionarios comprometidos, para evitar se produzcan actos de corrupción o discriminación que empañen la intervennción planificada.

Llegado este punto, se puede empezar a cuestionar las cuestiones teóricas que planteo y, decirme estamos en la situación de siempre, a lo cual debo de responder que en la actualidad las diversas Agencias de las Naciones Unidas, supervisan que las decisiones de los programas nacionales vengan enlazadas con actividades concretas sectoriales, asi la Organización Internacional del Trabajo-OIT, en cada uno de sus Foros evalua los avances de trabajo decente en relación con los ODS y, eso obliga al Ministerio de Trabajo a implementar medidas de lucha contra la informalidad y buscar el incremento del registro en las planillas.

Por otro lado, en los Acuerdos Comerciales -mas conocidos como TLCs- suscritos con Estados Unidos de América y la Unión Europea, se establece un sistema de seguimiento de avances en normas laborales y medio ambientales que, obligan a verificar que los productos que se exportan se desarrollen o generen, en centros laborales donde no hay trabajo infactil, se respeten los estándares medioambientales y, no se genere discriminación contra la mujer; habiéndose establecido mecanismos de consulta y supervisión directa del cumplimiento de tales derechos.

También es preciso tener en consideración que nuestro país desea ser aceptado como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Países, más conocida como OCDE, lo cual lo ha llevado a presentar en diciembre de 2018, los compromisos para entrar a la OCDE, los cuales se basan en mejorar los derechos de los ciudadanos en salud, educación e inserción laboral, combatiendo la informalidad, la corrupción y eliminando barreras burocráticas. Lo cual implica mejorar los servicios públicos en 5 ejes: identificar barerras para el crecimiento, gobernanza pública, mejorar de institucionalidad, anticorrupción y transparencia del Estado, mejora del capital humano y, medio ambiente.

Es decir que en el ámbito gubernamental se deberían de dar políticas sincronizadas a las decisiones generales adoptadas por el Estado peruano, conforme a los compromisos internacionales asumidos; sin embargo, cuando revisamos los indicadores del Instituto Nacional de Estadistica e Informática-INEI o, del Banco Central de Reserva-BCR, hechos públicos este mes de Julio, podemos constatar que sólo hemos tenido mejora en el crecimiento de planillas en un nivel de 70 mil personas en lo que va del año y, a nivel de economía estamos estancados en una proyección menor al 4%, todo lo cual arrastra los otros indicadores que podemos tener a nivel de ODS. Ya ni mencionar, los bajos niveles de ejecución presupuestal tanto del Poder Ejecutivo como de los Gobiernos Regionales, lo cual muestra una vez mas que el país firma y se compromete y, a pesar de contar con recursos carece de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las politicas públicas.

En ese contexto, cabe resaltar que el Tribunal Constitucional recientemente ha dictado una sentencia[5], en la que dispone la obligación estatal de respetar y promover la eficacia de de los derechos a los que se ha comprometido y, si bien formula expresa referencia a los derechos de las mujeres, recuerda que en una sociedad democrática si no se cumple con los derechos garantizados se afecta la esencia de la democracia, puesto que, las politicas públicas desarrolladas en disposiciones especiales, tienen que ser respetadas por todos los estamentos estatales, los mismos que deben actuar en forma concordada sino, nos encontramos en una situación de irrespeto de las regulacione que socava el estado de derecho.

Va a concluir el Tribunal Constitucional que, para combatir las diferencias sociales o desigualdades, se deben asumir los desafíos con una mirada nueva que traiga a su vez metodología novedosa que garanticen a las políticas públicas resultados reales en la lucha contra la desigualdad y, dejen de ser meras declaraciones.

Que significa esta novisima interpretacion del máximo órgano nacional en materia constitucional y de derechos humanos? Las políticas públicas si no son ejecutadas en los términos comprometidos, afectan la esencia misma de un estado social de derecho. Asi de simple, esto es que estaríamos ante una situación donde el funcionamiento mismo de la sociedad democrática se puede resquebrajar. Este fallo, debe obligar a los agentes gubernamentales a repensar la intervención en programas sociales, la ejecución del gasto social y, la medicion concreta y concertada de los avances.

Con estas explicaciones de obligaciones internacionales, manuales desarrollados, compromisos asumidos y evaluación realizada por un órgano jurisdiccional, queda claro que si los funcionarios no cumplen con las políticas públicas para lograr los ODS, aplicando la visión en derechos humanos, estamos en condición de poder afirmar que estaríamos en una situación de incumplimiento de obligaciones no sólo funcionales, sino políticas, de ser el caso; con las implicancias que ello acarrea.

Es decir la frase del título deja de ser una simple intención, para ser una obligación que se tiene por parte del Estado peruano con sus ciudadanos y, está obligado a respetar.


[1] La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible o de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituyen una iniciativa global de Naciones Unidas que se articula a través de todas sus Agencias con los Estados, habiendo sido adoptada en la Asamblea General de la ONU el 25 de setiembre de 2015 por 193 países.

[2] COHEN E. y MARTÍNEZ R., Manual Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales. CEPAL, Chile, 2004.

[3] CUNILL-GRAU N., REPETTO F., BRONZO C, Coordinación Intersectorial pro integralidad de las instituciones de protección social. Pag. 407 y sigs.,  INSTRUMENTOS DE PROTECCION SOCIAL, CEPAL, Chile, Julio 2015.

[4] Ver CECCHINI Simone, Protección Social con Enfoque de derechos para a América Latina del Siglo XXI, CEPAL, Chile. 2016.

[5] Pueden revisarse la sentencia mencionada en el link:  https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/01479-2018-AA.pdf