Cualquier reforma institucional que se proponga debe partir de un diagnóstico técnico, objetivo, imparcial. Cuando se trabajan cambios de políticas sectoriales, modelos econométricos ayudan a calcular el impacto de determinadas medidas, como por ejemplo la implementación de un bono social o el incremento de una tasa de impuestos. Se prevén escenarios sobre cómo los individuos reaccionarán ante tales estímulos, considerando una línea de base que permita medir el impacto de las reformas impulsadas. Planificar una reforma –un conjunto de cambios institucionales- no es un trabajo sencillo que pueda resolverse en sesiones de gabinete.

Cuando nos enfrentamos ante la posibilidad de una reforma política en el Perú, el reto es aún mayor. A diferencia de lo que sucede en políticas sectoriales, hay muy pocas investigaciones científicas que sirvan como antecedentes. El diagnóstico está a un nivel de sentido común: los partidos políticos no representan a nadie, los peruanos viven una situación de desafección, las reglas del juego no sirven. En realidad no estamos ante un diagnóstico profesional. Es lo mismo que decir: los pobres necesitan mejor alimentación o el Estado debería recaudar más impuestos. En este texto –y otros próximos- trataré de discutir las premisas sobre las cuáles debería plantearse una reforma política, comenzando por los determinantes del comportamiento del peruano promedio.

¿Qué sabemos del comportamiento político del ciudadano peruano? Estamos ante un individuo que vive en un contexto de informalidad. No solo en áreas de la economía (como laboral o tributaria), sino también con respecto a su convivencia social y, obviamente, en su proximidad a la política. Esta situación estructural de informalidad cala en el comportamiento individual, de tal manera que se puede desarrollar hasta cierto punto una aversión a las normas. Los principios del contrato social se invierten: las reglas no están para cumplirlas, sino para evadirlas. Es decir, se cree firmemente que evadir las normas establecidas es el comportamiento deseado, y que dará mejores beneficios individuales que el aceptar las reglas de convivencia social. El beneficio colectivo parece no estar en el horizonte. Por lo tanto, se esquiva la cooperación.

Esta premisa suma una paradoja pues si el peruano promedio es adverso al cumplimiento de las normas, ¿cómo voy a plantear reglas que rijan su comportamiento? Es decir, ¿es entonces imposible una reforma política pues los miembros de la comunidad peruana simplemente van a tomar las nuevas regulaciones como cualesquiera otras, y las van a terminar evadiendo? Pues este es un supuesto sensato, del cual hay que partir, aunque invite, aparentemente, a la inacción. ¿Por qué? Porque no podemos partir de que el individuo tenga una relación de acatamiento frente a la nueva regulación. Tendríamos que pensar, lo contrario, que lo más probable es que tenga una reacción huraña, esquiva y “sacavueltera”. Por lo tanto, es necesario una reforma que se planté dos campos de acción: uno, el de las instituciones formales; y dos, el de las “instituciones informales”.

Insisto: puede sonar contradictorio y hasta paradojal. Pero para que una reforma política funcione en una sociedad como la peruana, con un nivel de informalidad tan extendido, hay que plantear cambios institucionales en la arena formal y en la arena informal. Es decir, tenemos que regular la ley y también tenemos que regular la trampa. No solo advertirla. 

En un próximo post, profundizaré en esta idea y describiré algunos ejemplos.